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• El GT de diagnosis, acciones y propuestas para Emergencias está liderado por los/as decanos/as de los Colegios de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Murcia y La Palma, territorios marcados por desastres naturales en los últimos años.
• Además de la respuesta a la emergencia, se subraya la importancia de promover medidas para la adaptación de pueblos, ciudades y territorios al calentamiento global.

Madrid, 5 de noviembre de 2024. El pleno de consejeros/as del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha aprobado por unanimidad, en su sesión del pasado 28 de noviembre, la creación de un Grupo de Trabajo de diagnosis, acciones y propuestas para Emergencias dirigido a coordinar y elaborar protocolos de actuación ante desastres que requieran de una respuesta rápida, asesoramiento, asistencia técnica y/o la intervención de arquitectos/as, como la reciente catástrofe provocada por la DANA, que ha acabado con la vida de más de 220 personas -principalmente, en Valencia y Castilla-La Mancha- y ha devastado numerosos municipios y sus respectivos territorios, también, sobre todo, en la provincia de Valencia. 

Bajo la coordinación del CSCAE, el Grupo de Trabajo estará liderado por el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Salvador Ortega, junto con las decanas de Murcia, María José Peñalver, y La Palma, Beate Dorothea Ricken. Ellas aportarán a la labor de este grupo el conocimiento técnico derivado de las experiencias de dos territorios que, en lo que va de siglo, han tenido que hacer frente a otros desastres naturales, igualmente trágicos, como el terremoto de Lorca, en 2011; la DANA que arrasó Murcia y Alicante en septiembre de 2019, o la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en el año 2021.

De esta forma, se pretende ayudar a fortalecer la capacidad de respuesta de la profesión ante emergencias de este tipo y ofrecer soluciones que mejoren la resiliencia de pueblos y ciudades desde la Arquitectura. 

Cultura de prevención frente al cambio climático

Además de la emergencia a la que ahora hay que atender en Valencia y en otras zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía afectadas por la DANA, el CSCAE hace hincapié en la necesidad de plantear medidas que eviten que se repitan tragedias similares. En un escenario de cambio climático, en el que los/as expertos/as advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más intensos y frecuentes, para el CSCAE resulta imprescindible desarrollar, con la coordinación de los diferentes niveles de la Administración Pública -estatal, autonómico y local-, una cultura de prevención que aúne medidas urgentes de adaptación a los efectos del calentamiento global y otras de mitigación para, en la medida de lo posible, frenar su avance.Actuar desde la prevención implica identificar las zonas de riesgo, con la consecuente delimitación y restricciones en el uso del suelo, revisión y una actualización de las infraestructuras; regulaciones urbanísticas, con planes de evacuación y emergencias; monitoreo, para asegurar la alerta temprana; sensibilización de la población e implementación de protocolos de actuación y simulacros claros. Asimismo, con el fin de mitigar los efectos del calentamiento global y aumentar la seguridad ciudadana, según el CSCAE, es preciso impulsar la adaptación de pueblos y ciudades aplicando criterios sostenibles de renovación y regeneración urbanas que partan de enfoques integrales e impliquen a arquitectos/as y a otros/as profesionales en una acción coordinada con todos los niveles de la Administración que, por supuesto, ha de escuchar también las demandas de las poblaciones implicadas.

Los arquitectos, al igual que otros numerosos profesionales, están afectados por el hecho constatado de que, en muchos casos y, en especial, los mutualistas alternativos, así como los que se han jubilado, van a percibir o están percibiendo pensiones de jubilación de muy escasa cuantía que no alcanzan incluso las pensiones mínimas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).

Ello no puede justificarse en nuestro régimen constitucional, que establece que los poderes públicos están obligados a que todos los ciudadanos reciban unas prestaciones sociales y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que permitan la suficiencia económica y vital, precisamente en la jubilación, después de años de ejercicio profesional.

Por ello, el CSCAE, que representa institucionalmente al conjunto de la profesión de la arquitectura y de los arquitectos, expresa y manifiesta en esta Asamblea General un posicionamiento común en una serie de aspectos que tiene como fundamento la defensa de estas reivindicaciones justas y, al mismo tiempo, que ningún arquitecto, teniendo en cuenta la variedad de situaciones personales, se pueda ver perjudicado:

1. Debe mantenerse la continuidad del sistema alternativo actual, en el caso de los arquitectos, a través de HNA, coexistiendo con el Régimen Especial de la Seguridad Social para Autónomos, con el fin de proteger los derechos subjetivos de aquellos mutualistas que opten por permanecer en este régimen alternativo.

2. Debe, normativamente, establecerse una pasarela que permita la transferencia de los derechos económicos acumulados de los arquitectos en sus aportaciones a HNA al RETA. Esta pasarela debe tener las siguientes condiciones: a) ser voluntaria; b) universal para todos los arquitectos colegiados que sean mutualistas; c) igualitaria y equitativa y, por tanto, sin restricciones o exclusiones por razón de la temporalidad, de situaciones económicas o vulnerabilidad; y sin establecer requisitos por periodos de cotización en el RETA. Por tanto, sin ninguna discriminación.

3. El derecho de opción a través de dicha pasarela debe fijarse en un tiempo razonable y que, en todo caso, permita adoptar la decisión con pleno conocimiento de sus efectos desde la entrada en vigor de la disposición normativa que la establezca. El criterio para el cálculo de los años cotizados ha de ser de uno por uno, sin coeficientes ni condiciones de reducción.

4. La efectividad del traspaso de los derechos económicos acumulados por los mutualistas al RETA se producirá en el momento del hecho causante de la jubilación. En todo caso, el Estado está obligado a garantizar la solvencia económica de las mutualidades , en nuestro caso HNA, al tratarse de un régimen alternativo normativamente reconocido y que afecta a derechos subjetivos esenciales.

5. Las reivindicaciones de unos derechos justos de jubilación y demás derechos pasivos debe comprender también a aquellos arquitectos que ya se han jubilado, sin que puedan ser excluidos y, por tanto, ha de buscarse una solución equitativa para los mismos, que no les produzca discriminación con los derechos de los arquitectos que permanezcan en activo.

6. Debe contemplarse un tratamiento fiscal equitativo en toda la regulación de dicha pasarela, teniendo en cuenta que resuelve, de manera excepcional, una situación de injusticia en la percepción de derechos pasivos de los arquitectos colegiados mencionados.

7. Es esencial que la regulación normativa de la pasarela y demás aspectos de la misma se haga con plenas garantías de respeto al principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 9 de la Constitución, y, por ello, resulta imperativo que los profesionales conozcan las condiciones de transferencia de los derechos de HNA al RETA, debiendo quedar determinado en la norma legal sin quedar a expensas de un desarrollo reglamentario posterior.

8. Se considera estratégico que las reivindicaciones sobre el posicionamiento detallado y demás aspectos que se vayan desarrollando y concretando se concilien con otras profesiones y sus representaciones institucionales, grupos parlamentarios y a través de un marco de interlocución con los colectivos y organizaciones de arquitectos que vienen trabajando en la defensa de estas reivindicaciones, manteniendo una línea de transparencia e información al conjunto de colegiados.

Asamblea General del CSCAE

29 de noviembre de 2024