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Informe: Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España

• Como fruto de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, la publicación Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España considera prioritario un Pacto de Estado coordinado con las comunidades autónomas y una monitorización real de la situación para atajar la crisis actual y prevenir otras futuras
• Se proponen medias a corto, medio y largo plazo, partiendo de la necesidad de reequilibrar el territorio, apostando por ciudades medias y desarrollos urbanos sostenibles
• La agilización de los trámites administrativos, así como una nueva Ley del Suelo, que contemple nuevos instrumentos de planeamiento y gestión más ágiles y flexibles, contribuirían a la solución, así como aumentar el parque de vivienda protegida y la vivienda libre y reducir los precios, tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras cosas, la vivienda turística 
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Madrid, 26 de septiembre de 2025. De acuerdo con el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda sigue siendo la principal preocupación de la sociedad española. Una preocupación compartida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que, ahora, incorpora a la línea de acciones que viene desarrollando desde hace años, el informe Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España. Fruto de la labor del Grupo de Trabajo de Vivienda, que, ante la emergencia habitacional actual, considera indispensable actuar sin desatender aspectos esenciales relacionados con la habitabilidad y la calidad arquitectónica necesarias para garantizar la dignidad y la calidad de vida de las personas, el documento propone “diez ideas clave” para avanzar en las soluciones y prevenir crisis futuras en el que se define como “el quinto pilar del Estado del Bienestar”.

1) Con carácter urgente, se plantea la necesidad de un Pacto de Estado de Vivienda que nazca del consenso entre los principales partidos de gobierno; que esté coordinado con las comunidades autónomas y que cuente con suficiente dotación presupuestaria para hacer efectivo este derecho universal, que la Constitución Española recoge en su artículo 47.

2) También para su aplicación inmediata, se propone una monitorización real y estable en el tiempo de la situación de la vivienda. Con sistemas que se organicen territorialmente y una coordinación estatal, se señala la importancia de que en estos estén integrados por los diferentes agentes del sector. Esto -se apunta en el documento- “ayudaría a resolver la actual crisis de la vivienda, a mantener el mercado estable y a anticipar medidas para evitar futuras crisis, implantando soluciones que corrijan las desviaciones del mercado de vivienda nueva y existente, en las distintas modalidades de vivienda libre, protegida y en alquiler”.

3) Para el Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, resulta esencial reequilibrar el territorio, invirtiendo los flujos migratorios actuales, ya que la actual concentración de la población en las grandes ciudades es parte del desajuste que existe entre la oferta y la demanda de vivienda y, además, esto incide, de forma negativa, en la calidad de vida de las personas. Mientras se despueblan las zonas rurales, los territorios receptores de dicha migración masiva acusan un agotamiento de los recursos naturales, una concentración de la contaminación atmosférica y el temido efecto “isla de calor”, así como problemas relacionados con la movilidad y de segregación social. Frente a modelos de crecimiento infinito de las grandes ciudades que no se consideran sostenibles, “se necesitan políticas estatales y autonómicas que reequilibren el territorio, apostando, de forma decidida, por las ciudades medias, que, por sí mismas, no pueden atraer recursos en los sistemas de decisión establecidos de concurrencia competitiva”. Para ello, se aboga por invertir en la regeneración urbana, social y económica de estas ciudades medias, lo que, de forma indefectible, implica fortalecer la ordenación territorial de las zonas rurales y fomentar la diversificación económica del territorio.

4) En esta línea, la planificación urbana y la liberación de suelo adquieren suma importancia. Según los/as expertos/as del Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, son necesarios nuevos instrumentos de planeamiento y gestión más flexibles, con modelos territoriales definidos a largo plazo y la creación de estructuras supramunicipales que resuelvan las limitaciones de los ayuntamientos pequeños. Igualmente, consideran fundamental fomentar las Agendas Urbanas para un desarrollo urbano sostenible.

5) Agilización administrativa. Reducir los plazos de tramitación de las licencias de obra y otras autorizaciones es una forma rápida de acelerar la construcción de viviendas y evitar los sobrecostes que conlleva el incumplimiento de la Ley. Para ello, se identifican dos tipos de medidas que pueden implantarse a corto plazo para atajar la situación:

• Modificaciones legislativas con el fin de flexibilizar, simplificar y reducir la carga normativa innecesaria, con una revisión urgente de los informes sectoriales y una mejor definición del contenido y alcance del informe técnico preceptivo para la tramitación de licencias.
• Dotar de recursos técnicos y humanos a las Administraciones Públicas. “La Administración Pública debe y puede funcionar adecuadamente para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas”, subraya el documento, en el que se advierte de que la externalización de funciones, como las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs) o las declaraciones responsables, no solo no resuelven las causas del “ineficaz funcionamiento de las AAPP”, sino que generan nuevos problemas.

6) Aumento del parque de vivienda protegida. Para ello, sería necesario una mayor inversión pública, estimular la colaboración con el sector privado, eliminar la posibilidad de descalificación de las viviendas, como ha ocurrido en el pasado, controlar las transmisiones de propiedad y acercar el módulo de vivienda protegida al precio actual de la construcción, entre otras medidas.

7) Incremento de la vivienda libre tanto de obra nueva como con la rehabilitación de las ya existentes en aquellos casos en los que estén vacías o infrautilizadas. La construcción de vivienda nueva requiere, según el documento, disponibilidad de suelo finalista y una mejor financiación y fiscalidad, mientras que, para la puesta en el mercado de vivienda vacía en el corto plazo, se consideran precisas campañas de sensibilización, estructuras sociales y públicas de apoyo y ayudas directas a la rehabilitación.

8) Reducción del precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Estos precios están directamente relacionados con el coste de la promoción, la rehabilitación y el impacto de los pisos turísticos. Como soluciones posibles, se propone:

• Una mejor fiscalidad y financiación a la promoción de viviendas.
• Agilización de los trámites administrativos.
• Generar confianza tanto para inquilinos/as como para propietarios/as, reforzando la seguridad jurídica de ambas partes.
• Ayudas directas al alquiler y una mejor fiscalidad.
• Grabar y limitar la vivienda turística.

9) Modificaciones legislativas (estatales y autonómicas) a corto plazo. Dejando claro que tienen que responder a una política de consenso reflejada en el necesario Pacto de Estado de Vivienda, se proponen tres tipos:

• Modificaciones legislativas para aflorar la vivienda existente vacía y para construir nuevas viviendas en suelo finalista.
• Modificaciones legislativas para agilizar la tramitación de licencias y de otros permisos necesarios para la construcción y la rehabilitación.
• Una nueva Ley del Suelo. Un nuevo marco regulatorio en planeamiento y gestión urbanística permitiría crear instrumentos más flexibles y de tramitación más ágil para responder mejor a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI.

Décima idea clave: medidas a corto, medio y largo plazo combinadas

Entre las diez ideas estratégicas que recoge el informe de Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España del CSCAE, adquiere una importancia capital el reconocimiento de que, para sacar al mercado el mayor número de viviendas, son precisas medidas a corto, medio y largo plazo que, además, hay que aplicar de forma combinada, teniendo en cuenta que las soluciones para cada territorio requieren de un análisis previo sobre la situación del mercado de la vivienda y la estructura demográfica, social y económica de cada territorio. Como también ha alertado la Comisión Especial de Vivienda de la Unión Europea, no todas las medidas son adecuadas para todos los territorios.

Más allá de que la aprobación de un Pacto de Estado y la monitorización del mercado de la vivienda se consideran medidas indispensables que se deben implantar a corto plazo y mantener en el tiempo, se plantean:

• A corto plazo:
  • Establecer un marco regulatorio que:
    • Impulse la puesta en el mercado de las viviendas vacías, generando seguridad jurídica en el sector del alquiler.
    • Endurezca la regulación de la vivienda turística.
    • Flexibilice la regulación de la vivienda protegida para que sea más realista y acorde con las nuevas tipologías de hogares.
    • Ponga en marcha medidas fiscales, ayudas directas y financiación que fomenten la rehabilitación, la salida al mercado de vivienda existente, vacía o infrautilizada, que favorezcan la reducción de precios y, gracias a todo ello, aumente la promoción de vivienda pública y privada.
  • La agilización de trámites administrativos, que pasa por:
    • Simplificar normativa con especial atención y urgencia a una nueva regulación de los informes sectoriales.
    • Mejorar la definición del contenido de los informes técnicos preceptivos en los trámites de gestión de licencias de obras.
    • Mejorar la capacidad de gestión de la Administración mediante un correcto sobredimensionamiento de sus recursos.
  • Poner en marcha planes de rehabilitación y regeneración de barrios.
• A medio plazo:
  • Todas aquellas medidas que permitan procesos de colaboración público-privada para la construcción de viviendas en alquiler con algún régimen de protección.
  • Priorizar la construcción del suelo finalista existente frente a los nuevos desarrollos.
  • Promover los concursos de proyectos para la construcción de vivienda pública que favorezcan la innovación en los formatos de vivienda para atender las necesidades de los nuevos hogares, garantizando la calidad de la arquitectura como base del interés general.
  • Medidas de dignificación del sector de la construcción que favorezcan la captación y capacitación de trabajadores y atracción de nuevo talento, tanto en la industrialización del sector como para la preservación de oficios tradicionales, para evitar que se pierda el trasvase de conocimiento. Todas ellas habría que mantenerlas en el tiempo.
• A largo plazo:
  • Medidas que reequilibren el territorio para invertir la actual tendencia de migración masiva hacia las grandes ciudades, apostando por las ciudades medias. Supone invertir en su regeneración urbana, social y económica, en la diversificación económica del territorio y el fortalecimiento de la ordenación territorial de las zonas rurales.
  • Todos aquellos cambios legislativos que permitan desarrollar una planificación más flexible y mejor adaptada a la rapidez con la que se suceden los cambios.
  • Desarrollo del planeamiento y la gestión urbanística necesaria para la liberación de nuevo suelo.
  • Todas las medidas implantadas para el fomento de la industrialización del sector que favorezcan la calidad de la arquitectura y su excelencia.

Trabajo permanente con iniciativas concretas

El informe Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España es la última de las acciones que el CSCAE ha elaborado para contribuir a resolver un problema acuciante para capas sociales cada vez más amplias de la población. En el año 2020, coorganizado con la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), impulsó el Foro Internacional Affordable Housing Activation: removing barriers. En él, se identificaron seis barreras al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible y se plantearon medidas para atajarlas. Se puso en marcha el primer Atlas Global de la Vivienda, que, por primera vez, reunía en una única plataforma miles de indicadores para monitorizar la situación de la vivienda en todo el mundo, y, de forma específica, el pleno del CSCAE aprobó una declaración para contribuir a la asequibilidad de la vivienda en España.

Igualmente, el CSCAE ha participado en todas las reuniones convocadas por el Gobierno, en La Moncloa, reivindicando siempre un Pacto de Estado y medidas a corto, medio y largo plazo, y, el pasado mes de marzo, a través del Observatorio 2030 del CSCAE, puso en marcha el Task Force “Diseñando un parque de vivienda accesible y asequible, sostenible y saludable” como parte de las prioridades marcadas por la Comisión de Visión y Estrategia. Su finalidad es potenciar la creación de un parque de vivienda asequible y de calidad en España y, en él, participan Administraciones Públicas, como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana o el Ayuntamiento de Madrid; más de un centenar de entidades, como APCEspaña, la Asociación Española de la Banca, el Instituto de Salud Global de Barcelona, Provivienda o la Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV), y profesionales de diferentes disciplinas.

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Nueva reunión del CSCAE con el PSOE en el Congreso para evitar situaciones discriminatorias en la reforma de las mutualidades

• La presidenta y el secretario general del CSCAE defienden el sentido de las enmiendas a la Proposición de Ley para lograr una pasarela al RETA universal, voluntaria y justa
• Se advierte de los efectos negativos que tendría no contemplar una excepción al periodo de carencia de hasta cinco años que se contempla en toda norma para el paso de un sistema a otro
• El CSCAE y los representantes del GP Socialista acuerdan mantener una nueva reunión tras el 24 de septiembre, cuando concluye el plazo de presentación de enmiendas

Madrid, 17 de septiembre de 2025. Siguiendo con la labor de defensa de la profesión, la presidenta y el secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera y Laureano Matas, respectivamente, han vuelto a reunirse, hoy, por tercera vez, con representantes del Grupo Socialista en el Congreso para evitar situaciones discriminatorias en la reforma del sistema de mutualidades. En concreto, han estado presentes el portavoz adjunto del Grupo Socialista y diputado por León, Javier Alfonso Cendón; el portavoz de Inclusión y diputado por Córdoba, Alberto Mayoral, y la portavoz de Pacto de Toledo y diputada por Jaén, Ana Cobo.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el pasado mes de mayo, con un apoyo mayoritario, el inicio de la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley General de Seguridad Social, que contempla una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los/as mutualistas que quieran acogerse a ella y solicitar, con ello, la transferencia de cotizaciones y derechos económicos al RETA. A una semana de que concluya el plazo para presentar alegaciones, la reunión de hoy ha servido para exponer el sentido de las enmiendas que el CSCAE envió a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, basadas en los ocho puntos de la Declaración Institucional aprobada en la Asamblea General Ordinaria del CSCAE del 29 de noviembre de 2024 para lograr una pasarela universal, voluntaria y justa.

Además, la presidenta y el secretario general han alertado de las consecuencias negativas que tendría no contemplar una excepción al periodo de carencia de hasta cinco años que se contempla en toda norma para el paso de un sistema a otro. De no tenerlo en cuenta, en situaciones como bajas temporales por enfermedad, bajas por incapacidad parcial o total o fallecimiento, los/as profesionales que decidan pasarse, voluntariamente, al RETA, podrían verse descubiertos y esto no solo les ocasionaría una carga económica más, sino que frustraría el objetivo deseado, que es conseguir una solución justa y equitativa para todos/as.

“La jubilación es una etapa de especial vulnerabilidad para todas las personas. Por eso, como recoge la Constitución, no podemos consentir que, llegado ese momento, profesionales que han trabajado toda su vida se encuentren con unas pensiones indignas. Esta reforma debe servir para alcanzar una solución justa que contemple todas las realidades que conviven dentro del ejercicio de la Arquitectura”, ha defendido Marta Vall-llossera.

Atentos/as a las peticiones del CSCAE, los diputados socialistas han estado de acuerdo en volver a mantener una nueva reunión una vez que haya concluido el plazo para la presentación de enmiendas, el próximo miércoles, 24 de septiembre. 

Enmiendas del CSCAE a la Proposición de Ley

El pasado 28 de mayo, el CSCAE presentó enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley General de Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas que están dirigidas a lograr “una solución legislativa que permita la articulación de una ‘pasarela’ de carácter voluntario, sin limitaciones cuantitativas o cualitativas, y ello en base al principio de igualdad y no discriminación, con mantenimiento de la alternatividad, aunque con mejoras en el régimen jurídico y nivel de protección y cobertura que estas entidades proporcionan a sus mutualistas, para evitar situaciones de necesidad en determinadas circunstancias”.

Siguiendo los ocho puntos de la Declaración Institucional, propone el mantenimiento de la continuidad del sistema alternativo actual (en el caso de los/as arquitectos/as, HNA), coexistiendo con el RETA, y la concreción, que sí está contenida en el texto de la Proposición de Ley, de “la efectividad del traspaso de los derechos económicos acumulados por los mutualistas al RETA” y que se garantice “la solvencia económica de las mutualidades con las actuaciones que sean precisas al efecto”.

Diálogo para alcanzar el consenso

Con el objetivo de garantizar una solución justa, el CSCAE cuenta con un Grupo de Trabajo específico sobre Previsión Social; ha mantenido reuniones con responsables de la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; con los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria (como PSOE, PP, Sumar, VOX y Junts), así como con representantes de la Mutualidad de Arquitectos (HNA) y de la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (Anmarq).

La Proposición de Ley para la reforma de las mutualidades salió adelante con 311 votos a favor y 32 abstenciones de VOX. Hubo un práctico consenso en la necesidad de acabar con “una situación injusta y discriminatoria” y dignificar las pensiones de los/as mutualistas.