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• La mejora de las conexiones de transporte, la agilización administrativa para acelerar la construcción de nuevas viviendas y unas políticas adaptadas a cada lugar se perfilan como claves para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda fuera de las grandes capitales
• La producción residencial continúa siendo insuficiente para responder a la demanda, especialmente en los territorios con mayor concentración de población y actividad económica. Esta situación contribuye a mantener la presión sobre los precios, aunque la intensidad de las subidas comienza a moderarse
• La jornada, retransmitida en streaming, ha reunido a representantes de las Administraciones Públicas, arquitectos, notarios y expertos en el sector para debatir cómo facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y con seguridad jurídica

Madrid, 4 de junio de 2026. La crisis de acceso a la vivienda exige respuestas que tengan en cuenta las distintas realidades territoriales del país. Los expertos reunidos en la jornada «Arquitectos y Notariado: rigor profesional ante la crisis de la vivienda», organizada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General del Notariado (CGN), han coincidido en que el problema responde a causas estructurales acumuladas durante décadas. Entre ellas, el desequilibrio entre la creación de hogares y la producción de vivienda; la reducción de la vivienda protegida; la pérdida de buena parte del tejido productivo del sector de la edificación durante la crisis financiera de 2008, que no se ha recuperado, y la creciente concentración de población y actividad económica en determinadas áreas metropolitanas.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, han destacado la importancia de disponer de información rigurosa y de reforzar la colaboración entre instituciones para abordar uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.

“Dado el carácter estructural del problema, es importante plantear medidas para resolver la urgencia, en el corto plazo, enfocadas a ofrecer seguridad jurídica para poner en el mercado toda la vivienda vacía que hay; medidas en el medio plazo, basadas en la colaboración público-privada y con cesiones de suelo, y plantear soluciones en el largo plazo desde ya para sacar suelo finalista al mercado y con planes de regeneración urbana”, ha afirmado la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera.

Por su parte, la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha asegurado que “el problema de la vivienda es global y multifacético y requiere soluciones diversas, normas claras y seguridad jurídica. Desde el Notariado aportamos asesoramiento e información rigurosa a los ciudadanos y defendemos extender esa protección a la fase previa a la compraventa, mediante la revisión de la documentación y de los acuerdos recogidos en los contratos de arras. Asimismo, consideramos necesario avanzar hacia modelos similares en el mercado del alquiler que refuercen la seguridad jurídica y protejan tanto a propietarios como a inquilinos”.

Un mercado cada vez más tensionado en las grandes áreas urbanas

Durante la primera conferencia de la jornada, el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, ha presentado una radiografía actualizada del mercado residencial español elaborada a partir de la información contenida en el Índice Único Informatizado del Notariado.

Los datos muestran que las tensiones del mercado residencial se concentran especialmente en los territorios con mayor presión de la demanda. Tras la corrección experimentada entre 2008 y 2013, los precios de la vivienda han mantenido una trayectoria ascendente que se ha intensificado desde 2021, alcanzando a comienzos de 2026 los niveles más elevados de la serie reciente, aunque con una cierta moderación en el ritmo de crecimiento. El análisis también revela que los precios disminuyen de forma significativa a medida que aumenta la distancia respecto a las grandes urbes, lo que pone de manifiesto el potencial de las ciudades medias y de los municipios bien conectados para ampliar las opciones residenciales y reducir la presión sobre los mercados más tensionados.

La radiografía también refleja los crecientes problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes. Si en 2007 los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 22,5% de las adquisiciones de vivienda en España, en 2025 apenas alcanzan el 9,6%. Al mismo tiempo, aumenta el recurso al apoyo familiar para acceder a la compra. Entre 2019 y 2025, las donaciones monetarias de padres a hijos crecieron un 230,3% en España y un 140,1% en la Comunidad de Madrid, mientras que las donaciones de vivienda aumentaron un 60,4% y un 23,7%, respectivamente.

La presentación también ha puesto de manifiesto el papel de las personas jurídicas en el mercado residencial. En 2025 realizaron 78.669 compras de vivienda, equivalentes al 10,7% del total de adquisiciones registradas en España. Sin embargo, vendieron 123.777 viviendas, un 57% más de las que compraron, manteniendo una posición netamente vendedora que se observa de forma continuada desde 2010.

Más oferta y una visión territorial de la vivienda

En la segunda conferencia, la vicepresidenta segunda del CSCAE y directora de su Grupo de Trabajo de Vivienda, Susana Moreno Falero, ha presentado un diagnóstico sobre la situación residencial en España a partir de las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos entre 1960 y 2025.

En su intervención, titulada Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda de una forma integral, ha lamentado que la actual crisis de acceso a la vivienda es el resultado de problemas estructurales gestados durante más de dos décadas. Ha explicado que cada año se crean en España alrededor de 250.000 hogares, mientras que no llegan a construirse 125.000 viviendas, una brecha que se ve agravada por la pérdida de capacidad productiva del sector tras la crisis de 2008, cuando se destruyó cerca de un millón de empleos vinculados a la edificación.

Además, ha alertado de dos “problemas estructurales”. Por un lado, el progresivo abandono de las políticas de vivienda asequible. Mientras que, en la década de los sesenta, cerca del 70% de las viviendas construidas eran protegidas, el año pasado apenas se calificaron 14.000. Como consecuencia de ello, el parque de vivienda social en España se sitúa en un 3% del total, frente a una media cercana al 9% en Europa.

El tercer problema estructural es la concentración de población en torno a grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Málaga. En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar estrategias de regeneración urbana y de diversificación económica que permitan aprovechar mejor el potencial de las ciudades medias y otros territorios con capacidad de crecimiento.

Entre las medidas prioritarias, ha destacado la agilización administrativa como una de las vías más rápidas, en el corto plazo, para incrementar la oferta de vivienda. Como ha expuesto, el cumplimiento de los plazos legales para la concesión de licencias permitiría reducir, de media, nueve meses los tiempos de ejecución de nuevas promociones. También ha reivindicado el impulso a la rehabilitación de edificios y la necesidad de desarrollar planes de acción basados en diagnósticos rigurosos, objetivos a corto, medio y largo plazo y amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen la estabilidad de las políticas de vivienda en el tiempo.

Una respuesta integral para garantizar el acceso a la vivienda

La jornada se ha completado con una mesa redonda centrada en cómo facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y con seguridad jurídica, en la que participaron la directora general de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval; el patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad, Joan Clos; la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Mari Ángel López Amado, y la notaria Cristina de Solís Merino.

Los participantes han coincidido en que el problema de la vivienda exige una respuesta integral y sostenida en el tiempo, basada en amplios consensos, en el aumento de la oferta residencial, la colaboración entre Administraciones Públicas y sector privado, la cooperación institución, la mejora de la seguridad jurídica y el impulso de nuevas fórmulas habitacionales, basadas en la calidad arquitectónica, adaptadas a los cambios sociales y demográficos.

En este sentido, la directora general de Vivienda y Agenda Urbana ha enfatizado la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Ha manifestado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recientemente aprobado, contempla muchos programas para ello y “todos los regímenes de acceso a la vivienda”, y ha defendido que “es importante que la oferta de vivienda asequible tenga una calificación permanente para generar un beneficio social en el tiempo”.

Por su parte, Joan Clos ha insistido en que “el problema de la vivienda no es técnico, sino político”, fundamentado en la organización territorial del Estado. Por ello, ha lamentado que aún no se ha alcanzado una definición consensuada del problema de la vivienda, que, en su opinión, “no es de precio, sino de accesibilidad”. De hecho, ha advertido de que, si las soluciones se fundamentan en el control de precio, la solución tardará décadas en llegar.

En relación con la seguridad jurídica del proceso de compraventa de una vivienda, la notaria Cristina de Solís ha valorado la existencia, antes de la firma de la hipoteca, del acta previa notarial, una reunión del ciudadano con el notario para aclarar cualquier duda. Adicionalmente, ha considerado que habría que mejorar la fiscalidad.

Además de la asequibilidad y la seguridad jurídica, la mesa redonda, que ha moderado la directora de Observatorio Inmobiliario, Teresa Montero, también ha abordado las nuevas maneras de habitar y la importancia de ofrecer soluciones innovadoras basadas en la calidad arquitectónica. En este sentido, la directora del Observatorio 2030 del CSCAE ha destacado que la vivienda cooperativa pretende crear comunidad y generar, a través de la arquitectura, cohesión en el barrio. Por eso, ha reivindicado que la normativa debería acompañar para dar respuesta a estos nuevos modelos de habitar.